En un fallo que sienta un precedente en la lucha contra la contaminación ambiental en Tucumán, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal homologó penas de tres años de prisión de ejecución condicional para Alicia Inés Petit, presidenta del directorio, y Enrique Fausto González, director del Ingenio La Corona, por delitos relacionados con la contaminación en la localidad de Concepción. La resolución se alcanzó en el marco de un juicio abreviado, en el cual los acusados reconocieron su responsabilidad.

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El acuerdo, llevado a cabo entre la fiscalía y la defensa, fue presentado en la audiencia del 19 de agosto pasado ante el juez Enrique Lilljedahl, quien actuó en forma unipersonal en este proceso. Además de las penas impuestas a los directivos, el acuerdo estableció que la empresa Distribuidora Tucumana de Azúcares S.A., actual explotadora del ingenio, pague una suma de 75 millones de pesos en concepto de reparación por los daños ocasionados, representando a los condenados en esta obligación económica.

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Los hechos que motivaron el juicio ocurrieron entre 2006 y 2017, y consistieron en la contaminación de cursos de agua que desembocan en el Río Salí, así como en terrenos aledaños, debido al vertido de vinazas y otros desechos industriales a través de canales pluviales. Estos actos resultaron en graves daños a la salud de la población local, incluyendo enfermedades bronquiales, oftalmológicas y pulmonares.

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Durante la etapa de instrucción, las pericias realizadas permitieron confirmar la presencia de químicos en niveles superiores a los permitidos por la reglamentación vigente en los cursos de agua cercanos al ingenio, lo cual fue determinante para alcanzar el acuerdo de juicio abreviado.

Una activista ambiental de Santiago del Estero, quien había impulsado uno de los procesos, expresó su conformidad con la resolución alcanzada, destacando la importancia del reconocimiento de responsabilidad por parte de los acusados y la reparación económica para la comunidad afectada. Su opinión fue solicitada por la fiscalía en virtud de la ley 27.372, que establece derechos y garantías para las personas víctimas de delitos.

Con el fin de evitar la repetición de estos hechos, la empresa Distribuidora Tucumana de Azúcares S.A. presentó planes de reconversión industrial hacia procesos de producción más limpios. Los 75 millones de pesos destinados a la reparación serán invertidos en beneficio de la comunidad cercana al ingenio, según se determine en la etapa de ejecución de la sentencia.